Cazada la hermana de un ilustre podemita cobrando un pastizal por tres informes

Pablo Bustinduy
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Ana Bustinduy cobró 17.500 euros gracias a su hermano podemita

El Gobierno del Frente Popular subió el salario mínimo interprofesional a los 950 euros. Hace pocos meses aseguró que en 2022 este número seguiría subiendo, una medida que muy criticada por las asociaciones de empresarios así como el Banco de España, que consideraron que no era un buen momento para tomar medidas populistas, que sólo pretenden tener contentos a los asalariados.

Estamos saliendo de una grave crisis económica provocada por el coronavirus. Las empresas están ahogadas porque han tenido que afrontar los pagos de gastos corrientes mientras el Gobierno del Frente Popular tenía la país ‘secuestrado’ y la economía paralizada. Es momento de crear riqueza y puestos de trabajo, no de poner en riesgo las cuentas de las empresas.

Sea mucho o poco el sueldo mínimo interprofesional fijado (este es un debate de mucho calado), lo que está claro es que es menor que el pastizal que se embolsilló la hermana del podemita Pablo Bustinduy, Ana Bustinduy, que cobró la friolera de 17.500 euros por tres informes de 70 páginas.

Según publica Ok Diario, la hermana del podemita percibió 17.496 euros a través de un contrato menor. A cambio, realizó tres informes con un número de páginas escaso. El citado periódico ha tenido acceso a uno de ellos y apenas tiene 70 páginas.

El encargo lo realizó el Gabinete de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, un órgano que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, liderado hasta hace poco por la charo Laya. El objetivo era la “Asistencia Técnica refuerzo de acciones para la erradicación de la discriminación, la violencia y cualquier vulneración de derechos por razón de orientación e identidad sexual y el empoderamiento de las personas LGTBI en los países socios de la Cooperación Española”.

El contrato se justificó porque pese a que en España se había avanzado mucho en materia LGTBI, “en muchos de los países donde trabaja la Cooperación Española sigue siendo víctimas de violencia y discriminación”.


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