Más problemas judiciales para Pablo Iglesias

Una encuesta hunde a Iglesias tras abandonar la política FOTO-Europa Press
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Ahora que ya no es aforado a Pablo Iglesias se le acumulan los problemas

Pablo Iglesias ya no es vicepresidente del Gobierno de España ni diputado en el Congreso ni tampoco ha recogido el acta como diputado – o diputade que dirían en lenguaje podemita – en la Asamblea de Madrid. La misma noche de las elecciones del 4 de mayo anunció su renuncia a todo cargo público y también a los cargos orgánicos que ostente en Podemos. En una próxima asamblea del partido bolivariano se escogerá con casi toda probabilidad a Ione Belarra como nueva líder podemita.

No obstante hay otro candidato con opciones, Esteban Tettamanti, que también ha recogido los avales suficientes aunque lejos de los conseguidos por Belarra, apoyada por todo el aparato del partido y que cuenta en su candidatura con la presencia de su novio. De esta forma aspiran a convertirse en los nuevos Marqueses podemitas. Yolanda Díaz será la líder de Unidas Podemos dentro del Gobierno y de hecho ha sido la sucesora en cuanto a la vicepresidencia. Eso sí, no es vicepresidenta segunda como Iglesias, sino tercera.

Mientras unos entran otros salen. Y en el caso de Pablo Iglesias pierde muchos privilegios que hasta ahora tenía como vicepresidente y diputado. Uno de ellos es el aforamiento. Ahora podrá ser juzgado por tribunales ordinarios – y no por el Tribunal Supremo como hasta ahora – y las denuncias y querellas no paran de llegar. La última que se ha conocido es la que le presenta la Asociación Española de Abogados Cristianos.

Le acusan de un delito de omisión de socorro a los mayores de las residencias y de otro de prevaricación por su gestión en la crisis del Coronavirus.

En la querella se acusa a Pablo Iglesias“no tomar medidas pese a estar informado de la letalidad del virus”.

Mientras el entonces vicepresidente y responsable de las residencias pasaba los días viendo Netflix la situación era caótica: “el comportamiento de Iglesias durante su tiempo en el Gobierno ha podido costar la vida a miles de personas, y eso no puede quedar impune”.

En la querella también se detallan algunas actuaciones indignas del Gobierno del Frente Popular: “A las residencias no se les administró medicinas para el tratamiento de la enfermedad, sino sedación. Y tampoco les hicieron llegar test, lo que hizo casi imposible frenar el contagio”.


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