Los periodistas del caso Dina resumen a la perfección la peligrosa actitud de Iglesias

Los periodistas del Caso Dina hartos de la persecución que sufren
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El caso Dina no para de complicarse y Pablo Iglesias podría no irse de rositas como pretende

Los periodistas Alberto Pozas Fernandez y Luis Rendueles, imputados en el caso ‘Dina’, han solicitado a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que archive la causa para ellos, argumentando que la “esquizofrénica” actuación del líder de Podemos, Pablo Iglesias, al que culpan de destruir la tarjeta del teléfono móvil de su ex asesora, hace imposible conocer la verdad.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 imputa a Pozas y Rendueles un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos por ser quienes habrían entregado al ex comisario José Manuel Villarejo el contenido del teléfono móvil de Dina Bousselham, una información que se habría obtenido con el robo del teléfono en 2015 y que acabó publicada en medios de comunicación.

La defensa de los ex directivos de ‘Interviú’ ya pidió el archivo de la causa para ambos presentando un recurso de reforma contra el auto del pasado 16 de septiembre en el que el juez Manuel García Castellón rechazó sus pretensiones, pero el instructor lo ha desechado, dando trámite al recurso de apelación que Pozas y Rendueles interesaron de forma subsidiaria.

En su escrito a la Sala de lo Penal, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa denuncia una “flagrante contradicción” entre la exposición razonada que el juez elevó al Tribunal Supremo, donde da por hecho que lo que llegó a Pozas fue la tarjeta original, y el auto de procedimiento abreviado que pretende tumbar, donde se apunta en cambio que fue una copia parcial.

“Es decir, tras la instrucción practicada no puede saberse si lo que llegó a manos del señor Pozas era la tarjeta original o una copia de la misma, ni si dicha copia era total o parcial, ni –lo más importante– si lo que llegó a ‘Interviú’ es lo que luego se encontró en el domicilio del señor Villarejo o, por el contrario, el señor Villarejo pudo acceder a esa información por otras vías”, aduce la defensa de ambos informadores.

APUNTA A IGLESIAS COMO CULPABLE

El abogado de Pozas y Rendueles subraya que la razón de que no se hayan podido despejar estas incógnitas se debe “única y exclusivamente a la actuación de los perjudicados y, concretamente, a la actuación del señor Iglesias dañando la tarjeta”, acogiendo de esta forma los argumentos que plasmó García Castellón en su exposición razonada al Tribunal Supremo.

“Gracias a la actuación del señor Iglesias dañando la tarjeta (…) no podremos nunca saber qué es lo que había en esa tarjeta, ni si coincide o no con la información encontrada en el domicilio del señor Villarejo”, dice, subrayando que esas cuestiones son precisamente sobre las que pivota la acusación a sus clientes.

Para esta defensa, la “esquizofrénica e incongruente” actuación de Iglesias, al que perfila como ‘perjudicado’ y culpable del daño a la tarjeta SIM, “ha dinamitado la averiguación de la verdad”.

LA VERSIÓN “SELECTIVA” DE DINA

Carga igualmente contra Bousselham al considerar que hay “indicios firmes y sólidos” de que “faltó reiteradamente a la verdad en sus declaraciones”, al decir primero que no pudo acceder a la tarjeta cuando Iglesias se la devolvió y después que sí pudo, una nueva contradicción que la defensa entiende como otra “grave obstáculo para la averiguación de la verdad”.

En concreto, reprocha a la ex asesora que “pretende excluir selectivamente al señor Iglesias” de los hechos investigados, algo que “no resulta posible” –afirma– porque existiría una “directa conexión” entre el descubrimiento de secretos del que sería autor el dirigente ‘morado’ y el que se atribuye a Pozas y Rendueles, dado que se trataría de la misma información y los hechos se habrían llevado a cabo en un mismo periodo.

Por tanto, mantiene la defensa, “o bien la señora Bousselham persigue penalmente al señor Iglesias, al señor Pozas y al señor Rendueles, o bien los excluye a los tres, pero lo que no puede es perseguir a unos y excluir a otro”.

FINALIDAD POLÍTICA

En su opinión, “resulta palmario que quienes pretenden atribuirse la condición de perjudicados y, en tal condición están reclamando una condena, han ‘escamoteado’ –de acuerdo con la terminología utilizada por el Tribunal Supremo– las pruebas necesarias, tanto materiales (la tarjeta) como personales (sus propias declaraciones), para que pueda ser atendida su pretensión”.

En contra de lo esgrimido por García Castellón, la defensa cree que “las omisiones y contradicciones” de Iglesias y Bousselham son determinantes para sostener la acusación a Pozas y Rendueles porque –razona–, si el líder de Podemos hubiera contado al presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, que la tarjeta procedía de un móvil robado, la revista se lo hubiera comunicado a la Policía.

Además, denuncia que “el mantenimiento de la imputación de los señores Pozas y Rendueles en un procedimiento tan mediático y político como el presente les está ocasionando muy graves perjuicios, especialmente a nivel laboral”.

Recuerda en particular el caso de Pozas, “quien tuvo que dimitir de su cargo de director general de Información Nacional de La Moncloa a raíz de su imputación, no habiendo podido enderezar su situación laboral desde entonces al mantenerse su condición de investigado”.

NULIDAD SUBSIDIARIA

Con todo, concluye que “resulta absolutamente incongruente e incompatible” mantener la imputación de sus defendidos y, en consecuencia, solicita el sobreseimiento de la causa para ellos.

De modo subsidiario plantea a la Sala de lo Penal que anule el auto en el que García Castellón rechaza el recurso de reforma, indicando en este sentido que carece de la motivación necesaria.

EUROPA PRESS / REDACCIÓN


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